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El proyecto “Defensoras comunitarias” finalista en un concurso sobre justicia

Del: 09 Julio 2015

PIEB

El proyecto “Defensorías comunitarias y acceso a la justicia plural”, desarrollado sobre la base de una investigación respecto de la violencia hacia las mujeres en cuatro municipios de país, ha resultado finalista en el concurso mundial Namati que reconoce iniciativas de justicia. Ahora el proyecto está en la fase de apoyo del voto público. 

La iniciativa fue desarrollada por Fundación Construir, con el apoyo de Fondo Conexión, y se llevó a cabo en el marco de Ley 348 integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, que promueve, en su artículo 29, la constitución de redes de “promotoras comunitarias”. Neiza Cruz, de Fundación Construir, informó que actualmente el proyecto representa a Bolivia y está seleccionado entre 26 finalistas.


En la fase en la que se encuentra necesita el voto del público que puede realizarse en la página http://www.justiceprize.org/.

Las defensoras comunitarias son principalmente mujeres, que acompañaron 25 casos de violencia contra las mujeres en cuatro municipios del país, logrando articular y coordinar acciones con instituciones estatales para que otras mujeres tengan una vida libre de violencia. El proyecto se desarrolló en un contexto en el que la violencia está naturalizada y, por tanto, no es susceptible de denuncia en busca de justicia. 

Un estudio realizado en 2013 y que se constituyó en la línea de base del proyecto muestra que, en cuatro municipios rurales del país --San Buenaventura en La Paz, Muyupampa en el chaco chuquisaqueño, Mizque en Cochabamba y Challapata en Oruro--, la violencia hacia las mujeres está naturalizada a tal punto que las víctimas no denuncian el hecho para buscar justicia. El estudio sirvió para desarrollar acciones encaminadas a generar “defensoras comunitarias” que puedan actuar desde la sociedad y desde las instituciones en contra de la violencia hacia las mujeres. 

Si bien sucedía algo diferente en cada municipio, según Mathilde Defferrard, responsable del estudio, se detectaron algunas tendencias: un conocimiento escaso de los derechos de las mujeres y de los mecanismos institucionales para acudir; un desconocimiento de a dónde ir en caso de que una mujer sea víctima de violencia, en consecuencia desconocimiento de cuáles son los procedimientos para solicitar ayuda y cuáles los derechos a demandar; y junto a esto una “tendencia a considerar la violencia como algo casi natural o normal”. 

Los datos levantados en San Buenaventura mostraron que un 64% de los encuestados desconoce los derechos de las mujeres, el 8% identifica actos de violencia física, el 20% identifica los actos de violencia psicológica, ninguno advierte casos de violencia económica, el 20% identifica hechos de violencia sexual y un 52% no percibe en general actos de violencia contra las mujeres. En el municipio de Challapata las cifras cambian un poco: un 39% de los encuestados desconoce los derechos de las mujeres, un 11% cree que la violencia contra las mujeres es un problema social y sólo un 24% no identifica actos de violencia contra las mujeres. 

El estudio también indagó en la calidad y calidez de la atención en las instituciones estatales designadas para este tema, identificó fallas en términos de atención de los funcionarios y de infraestructura adecuada para estos casos (cuando existe la institucionalidad). Al momento de relevar los datos, en 2013, en dos de los cuatro municipios estudiados no existía el SLIM (Servicio Legal Integral Municipal), por ejemplo, lo que muestra escaso avance para enfrentar la violencia hacia las mujeres. 

Neiza Cruz informó que el proyecto se inspiró en similar iniciativa desarrollada en Cuzco por el Instituto de Defensa Legal (IDL) del Perú. El Premio a la Justicia Namati es un reconocimiento a proyectos de justicia que proporcionan información legal y conocimiento en derechos humanos, logrando que los ciudadanos conozcan la ley y así hacer frente a la pobreza, la injusticia o los problemas sociales.

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