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El agua: Una prioridad

Del: 28 Octubre 2013

Jornada

Mañana, 29 de octubre se recuerda el "Día Nacional de Agua", en momentos en que irresponsables medidas ponen en riesgo tanto el suministro como el uso racional de estos recursos, pese a que la Constitución Política del Estado Plurinacional determina que el Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. Asimismo, la Carta Magna declara al agua como un derecho "fundamentalísimo". Sin embargo, la Empresa Pública de Servicio de Agua y Saneamiento (EPSAS), creada por el gobierno, fracasó estrepitosamente y se encuentra intervenida, y el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM), fue declarado en iliquidez, por lo que la Empresa Misicuni tomó el control administrativo y financiero de las obras de la represa.

Las plantas de agua potable en todo el país operan al límite y no se adoptan medidas pensando en el futuro. La mayor parte (80%) de los recursos invertidos los últimos años en agua y saneamiento para Bolivia, corresponden a donaciones y créditos de organismos internacionales. Según el Gobierno, el 20 por ciento de la población aún no tiene acceso al agua potable.

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) presentó el Informe de Avances Hacia el Cumplimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (IDHAS) en Bolivia, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El informe señala que entre 2005 y 2012 se invirtieron 953 millones de dólares en agua y saneamiento, de los cuales 331 millones de dólares llegaron al país en calidad de donación de diferentes organizaciones presentes en el país, apoyo que representa el 35 por ciento de la inversión total; asimismo, 431 millones de dólares fueron adquiridos a través de créditos, también solicitados a organismos internacionales.

Según los datos oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012, Bolivia cuenta con 2.812.715 millones de viviendas particulares, de las que el 66,09% tienen acceso a servicios de agua potable y el 69,92% disponen de servicio sanitario.

Las ciudades de La Paz y Cochabamba son la que corren los mayores riesgos de quedar sin agua suficiente. El gobierno expulsó a la empresa francesa "Aguas del Illimani" y creó Epsas, que siendo una empresa pública, fue intervenida por el propio Gobierno por graves deficiencias técnicas y administrativas, ponen en grave riesgo a la población.

En el caso de la represa de Misicuni en Cochabamba, la falta de transparencia en el proyecto hace que cada vez la preocupación de la comunidad sea mayor. Lo único que se sabe es que las cosas van por mal camino, ya que dos informes técnicos y legales de la supervisora Engevix Caem y de fiscalización, pusieron en evidencia la iliquidez del Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM). Ahora resulta que el presidente del Proyecto Múltiple Misicuni, Jorge Alvarado, reveló que la ejecución de la primera fase de la obra requiere de 30 millones de dólares adicionales que serían invertidos en obras y trabajos complementarios. Ya anteriormente se había ampliado el presupuesto en 12 millones de dólares.

Paralelamente, otros informes se suman a la preocupación al conocerse de la contaminación de las aguas de la laguna de la Angostura. La Secretaría de los Derechos de la Madre Tierra espera los resultados de las muestras que tomó el personal de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de las aguas de la Angostura que sorpresivamente cambiaron de color, por efectos de la contaminación. El hecho despertó la preocupación y sorpresa de las autoridades quienes pidieron la colaboración de Universidad para realizar estudios de laboratorio que esclarezcan las causas. La contaminación de aguas subterráneas y ríos por la actividad minera y por las descargas de alcantarillas de las ciudades, hasta ahora no ha merecido atención de las autoridades responsables.

Con esos panoramas poco alentadores, además de festejar el Día del Agua y agradecer a la naturaleza por haber sido tan pródiga, tal vez sea conveniente aunar esfuerzos en la búsqueda de soluciones integrales que hagan posible que la prioridad que representa el agua, como un derecho fundamental, pase de las declaraciones a los hechos, antes de que sea demasiado tarde.

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